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Consumidores de Costa Rica exige al Gobierno eliminar distorsiones en el precio del arroz

Nota redactada por Tatiana Gutiérrez


El producto más consumido por los costarricenses es el arroz, sin embargo, desde hace mucho tiempo, la Asociación de Consumidores de Costa Rica, cuyo presidente es Erick Ulate, denuncia que se pagan precios muy altos en comparación con otros países.


La acciones ya se hicieron a nivel político, ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y ante algunas fracciones legislativas, así como judiciales en el Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo, la situación se mantiene igual.



“El Estado se encarga de poner estas distorsiones en el mercado arrocero aprobando importar contingentes sin impuestos para beneficiar solo a ciertas industrias, así como interponer medidas de salvaguarda que lo único que hacen es elevar los impuestos a la importación y que no todos puedan participar del mercado externo”, aseguró.


En abril, los industriales solicitaron al Gobierno decretar desabasto para realizar una compra masiva de 60.634 toneladas métricas de arroz en granza sin aranceles, con el propósito de garantizar el consumo, sin embargo, lo más seguro, según Ulate, es que el precio se mantenga igual y el consumidor no obtenga ningún beneficio.


La posición de Consumidores de Costa Rica la respalda el viceministro de Comercio Exterior y abogado, Fernando Ocampo, quien dijo que el régimen de producción y venta de arroz es perverso y castiga a los consumidores más pobres del país y perjudica a los pequeños productores.


Agregó que hoy muchos costarricenses sufren penurias y que es hora de que el Gobierno desmantele el esquema de privilegio que beneficia a unas pocas empresas agremiadas en Conarroz y no permita a la población compre más barato.


“Toda persona o empresa puede importarlo pero siempre que pague el arancel del 36%. Sin embargo, quien vende arroz no puede fijar el precio ni negociarlo con el comprador ni hacer promociones.


“El precio es establecido por el Poder Ejecutivo, el cual también determina el precio que las empresas industrializadoras deben pagarles a los productores”, explicó.


Además, dijo que no se incentiva reducir los costos o producir más eficientemente y esto hace que al final, el consumidor no tenga opción de pagar el precio que decida el Gobierno basado en el costo del productor más ineficiente.


La Corporación Arrocera Nacional desmintió las declaraciones de Ocampo asegurando que el precio al consumidor sí disminuye por las importaciones por desabasto y dijeron que el beneficio del modelo de regulación de precios del MEIC haga que las empresas le repartan las diferencias de los precios a cinco millones de costarricenses.


Eduardo Rojas Villalobos, presidente de la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (Aninsa), dijo que existen algunos importadores que no compran al productor nacional sino a los productores extranjeros y que están interesados en que el Gobierno elimine la protección al precio del arroz, para que el mismo sea determinado por la oferta y demanda, que en estos tiempos de crisis, sin esa protección, “los precios del arroz estarían por las nubes”.




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